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Sala Constitucional dicta sentencia favorable al Arbitraje Comercial en Venezuela
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó sentencia en fecha 17 de Octubre de 2008 (Expediente No. 08-0763), con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales y con el voto salvado del Magistrado Pedro Rondón Haaz, a fin de resolver el recurso de interpretación interpuesto por la Procuraduría General de la República sobre el alcance del único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo a la obligación del legislador de promover medios alternativos de resolución de conflictos a través de la Ley.

Entre otros aspectos y criterios relevantes desarrollados por esta importante decisión, que en nuestra opinión estimula el desarrollo del arbitraje comercial en Venezuela, a pesar de establecer limitaciones importantes al arbitraje de inversiones, podemos señalar los siguientes:

a) El arbitraje es un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos, tal como ha sido reconocido en diversos textos legislativos del ordenamiento jurídico venezolano.

b) Se ratifica la validez del arbitraje en materias relacionadas con el orden público, donde la Sala Político-Administrativa había rechazado per se la posibilidad de someter las controversias a arbitraje (arrendamientos inmobiliarios, asuntos de protección al consumidor, bancos, seguros, entre otros).

La sentencia precisa que siempre prevalece en estos casos el ejercicio de competencias administrativas en materia de policía administrativa dirigidas a hacer cesar, iniciar o modificar la práctica o actividad de un presunto infractor de normas especiales. Sin embargo, en criterio de la Sala, ello no implica que las partes no sean libres de dirimir sus conflictos particulares sometiéndolos a un proceso de arbitraje, todo lo cual constituye un estímulo importante al desarrollo del arbitraje en estas áreas.

c) Se ratifica el principio de la autonomía del acuerdo de arbitraje, al señalarse que la nulidad del negocio jurídico que contiene el compromiso arbitral, no debe aparejar la nulidad del propio acuerdo de arbitraje, el cual debe ser analizado por el Tribunal Arbitral conforme al principio kompetenz-kompetenz establecido en la Ley de Arbitraje Comercial.

d) Se confirma el poder cautelar de los árbitros, al establecer que éstos “pueden verificar los presupuestos procesales para otorgar la cautela, e incluso resolver lo atinente a su oposición”, lo cual si bien se había adelantado en decisiones jurisprudenciales anteriores, ha quedado claramente determinado en este caso.

e) La Sala rechaza la introducción de amparos constitucionales para pretender suspender la ejecución de un laudo arbitral, al señalar como “errónea la sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo constitucional que a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Al contrario, lo que se ratifica como mecanismo para proteger a las partes de una ejecución de un laudo que pueda estar viciado de nulidad, es “la constitución de una caución para lograr la suspensión del laudo cuya nulidad se recurre, como una forma de garantizar a las partes del proceso que resulten cubiertas ante los eventuales daños o perjuicios que puedan experimentar por la suspensión en su ejecución, mientras se espera la resolución definitiva del recurso propuesto”.

f) Respecto a los contratos de interés general, esta decisión "reconoce la posibilidad del Estado de actuar en el marco constitucional y legal, para someter controversias relativas a contratos de interés general al sistema de justicia y particularmente a la actividad jurisdiccional desarrollada por los árbitros; por lo que resulta responsabilidad del Estado determinar el alcance, oportunidad y conveniencia, para someter determinados ‘negocios’ a un sistema de arbitraje u otro medio alternativo de resolución de conflictos”.

De esta manera, concluye la Sala, resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta de jurisdicción (doctrina Calvo absoluta) o afirmar en términos generales la inconstitucionalidad de las cláusulas arbitrales en contratos de interés general.

g) La sentencia establece entonces que es perfectamente posible someter a arbitraje las controversias derivadas de situaciones donde el Estado actúe a través de empresas estatales para desarrollar actividades comerciales. Sin embargo, establece igualmente que ello es posible únicamente en la medida en que tales actividades comerciales puedan subsumirse bajo la excepción de soberanía.

h) En relación con el arbitraje de inversiones, la Sala asume un criterio mucho más restrictivo que afecta principalmente a los inversionistas extranjeros provenientes de jurisdicciones que no tienen tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversiones con Venezuela (como es el caso de Estados Unidos) al señalar que, aún cuando Venezuela es parte del convenio CIADI, las disputas relativas a inversiones sólo podrán ser remitidas a dicho organismo en la medida que el Estado Venezolano haya ratificado su decisión inequívoca de someterse al arbitraje a través de: a) Un tratado internacional (como es el caso de los acuerdo bilaterales o multilaterales de protección de inversiones); b) Un contrato o; c) Una disposición expresa de una ley.

i) En particular, la Sala entra a analizar el alcance del artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones señalando que esta disposición no contiene una manifestación general e inequívoca de sometimiento del Estado Venezolano al arbitraje internacional regulado por el CIADI. Al contrario, en criterio del sentenciador, se trata de una norma meramente enunciativa. Así, en los casos del artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, se requiere una manifestación adicional y expresa por parte del Estado Venezolano de someter a arbitraje las disputas relativas a inversiones, la cual deberá concretarse a través de cualesquiera de los mecanismos referidos en el literal anterior (tratado, contrato o disposición expresa de la ley que, según precisa la Sala, no es el caso del artículo 22 en cuestión).

En particular, señala dicha sentencia: "para que proceda el sometimiento a arbitraje internacional, es preciso atender al contenido de cada tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones y, en caso de no existir dicho instrumento, es necesario que la declaración de voluntad del Estado conste por escrito de forma expresa e inequívoca en un contrato mediante la inclusión de una cláusula arbitral o a través de una declaración válidamente otorgada por la autoridad competente… sin que sirva en ningún caso como fundamento el contenido del mencionado artículo 22 de la Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones, como sustento de una manifestación de voluntad del Estado al respecto, toda vez que su naturaleza es la de una norma enunciativa, que regula los términos en base a los cuales el Estado puede someter las controversias relativas al objeto de la mencionada ley al sistema de arbitraje internacional…"

j) En efecto, establece adicionalmente la decisión que, siendo el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones la que contiene la supuesta manifestación de voluntad del Estado de someterse al arbitraje CIADI, dicha norma debe interpretarse en todo caso conforme al derecho interno y constitucional de Venezuela, y no conforme a los principios de derecho o la jurisprudencia internacional, como sería el caso si la disposición estuviera contenida en un tratado internacional.

k) La decisión ordena publicar su contenido en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, requiriendo se señale expresamente que se trata de una sentencia “que fija la interpretación vinculante del único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.


Para mayor información acerca del contenido, alcance e implicaciones de esta decisión, puede comunicarse con Pedro A. Jedlicka o Pedro Urdaneta, del departamento de Resolución de Controversias de Imery Urdaneta Calleja Itriago & Flamarique.

NOTA: Esta publicación pretende ser un resumen de las normas y no constituye asesoría legal exhaustiva. Le recomendamos consultar a un abogado especialista para determinar los extremos legales aplicables a situaciones particulares.




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