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Decretado como día no laborable el lunes 18 de abril de 2016 para la administración pública y para el sector educativo público y privado
En Gaceta Oficial Nº 6.223 Extraordinario del 14 de abril de 2016, fue publicado el Decreto Nº 2.300, mediante el cual el Presidente de la República declaró el lunes 18 de abril de 2016 día no laborable para la administración pública y para el sector educativo público y privado, como medida necesaria para disminuir los efectos del fenómeno climático “El Niño” sobre la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.

Dicho decreto viene a complementar las declaraciones dadas por el Presidente de la República este jueves en el discurso ofrecido en el Palacio de Miraflores, en el marco de la marcha en rechazo a la Ley de Títulos de Propiedad de la Gran Misión Vivienda aprobada por la Asamblea Nacional.

Así las cosas, en su artículo 1º, el referido decreto expresamente declara como No Laborable el día lunes 18 de abril de 2016, como medida necesaria para disminuir los efectos del fenómeno climático “El Niño, limitando su ámbito de aplicación a los servidores de la administración pública en todo el país, así como a los trabajadores del sector educativo público y privado.

En su artículo 2º se excluye de la aplicación del Decreto, todas aquellas actividades que no pueden interrumpirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la LOTTT; es decir, todas aquellas actividades que no puedan interrumpirse por: 1) razones de interés público; 2) razones técnicas y 3) circunstancias eventuales, en concordancia con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Parcial de la LOTTT.

Asimismo, en el artículo 3º se excluye de la aplicación del decreto al personal del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), estableciéndose una prerrogativa, a los fines de que, ambas instituciones puedan establecer mediante providencia, normas especiales de implementación del decreto, aplicables al personal a su cargo, “procurando siempre el máximo ahorro de energía eléctrica”.

De igual modo, en el artículo 4º se excluyen de la aplicación del decreto todos aquellos trabajadores del sector público cuya actividad se vincule con: 1) el transporte de agua potable y los químicos necesarios para su potabilización; 2) traslado y custodia de valores, alimentos perecederos y no perecederos, medicinas de corta duración e insumos médicos; 3) materiales de construcción destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela; 4) desechos de origen domiciliario; y 5) trabajadores de la Gran Misión Agro Venezuela. En esta misma tónica continúa el artículo 5, el cual expresamente estipula que las actividades del sector público que conforman la cadena de alimentación a nivel nacional deberán operar con normalidad, sin interrupción alguna derivada de los efectos de la declaratoria efectuada.

Por su parte, el artículo 6 señala que todos aquellos trabajadores que prestaren servicios tendrán derecho al salario correspondiente a ese día como si se tratase de un día hábil, sin que puedan hacer exigible recargo alguno sobre el salario normal que corresponde a dicha jornada.

Finalmente, el artículo 7 establece expresamente que los encargados de la ejecución del mencionado decreto son el Vicepresidente Ejecutivo y todos los Ministros del Poder Popular.

Para mayor información comunicarse con Gabriel Calleja del Departamento de Derecho Laboral de Imery Urdaneta Calleja Itriago Flamarique.

NOTA: Esta publicación pretende ser un resumen de las normas y no constituye asesoría legal exhaustiva. Le recomendamos consultar a un abogado especialista para determinar los extremos legales aplicables a situaciones particulares.




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